En las relaciones bilaterales hay líneas rojas que simplemente no se pueden cruzar, y la seguridad nacional de México es la más sagrada de ellas. Con una postura firme y sin titubeos, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una crítica demoledora contra las operaciones encubiertas que agencias estadounidenses, particularmente el FBI, han pretendido ejecutar en territorio nacional sin la menor pizca de coordinación con el gobierno federal. El mensaje desde la tribuna presidencial fue contundente: el territorio mexicano no es patio trasero de nadie, y mucho menos un tablero de ajedrez donde agencias extranjeras puedan jugar a la guerra por cuenta propia.
La jefa del Ejecutivo desnudó la añeja y fracasada estrategia de la inteligencia norteamericana, señalando que la táctica de aliarse de manera discrecional con una facción delictiva para combatir a otra es un error garrafal que históricamente solo ha servido para encender la mecha de la violencia en el país. Este tipo de intervenciones desalineadas no desmantelan las estructuras criminales; al contrario, agudizan las fracturas internas de los cárteles, desatan purgas sangrientas en las calles y sumergen a las comunidades en una espiral de terror incontrolable. México ya pagó con creces el costo de esas agendas ajenas y no está dispuesto a repetir el guion.
Este posicionamiento marca una frontera clara en la cooperación binacional. Sheinbaum dejó en claro que la colaboración con Washington debe basarse en el respeto absoluto a las leyes mexicanas y bajo el principio de corresponsabilidad, no mediante el espionaje o las operaciones unilaterales que violan la soberanía. El Estado mexicano mantiene el control y la estrategia, y no permitirá que agencias extranjeras dicten la política de seguridad interna ni desestabilicen el país con sus maniobras de escritorio. En este suelo, la ley la aplican las instituciones de la República, con coordinación transparente o nada. Así de claro se pintó la raya.