La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe al contrabando de hidrocarburos al destapar el mayor caso registrado de "huachicol fiscal" procedente de Estados Unidos. Las investigaciones ministeriales revelaron que, en un periodo de apenas 52 días, ingresaron ilegalmente al territorio nacional 144 millones de litros de combustible, burlando los controles aduaneros y fiscales en la frontera norte.

Este megafraude no solo representa pérdidas multimillonarias para el erario por la evasión de impuestos como el IEPS, sino que pone al descubierto las fallas y las redes de complicidad en las aduanas que operan el flujo de energéticos hacia el mercado mexicano.

Bloqueo institucional en las Fuerzas Armadas

El escándalo escaló de un delito fiscal a una crisis de seguridad nacional luego de que mandos de la Secretaría de Marina (Semar) denunciaran formalmente la existencia de un boicot interno. Los mandos navales encargados de la vigilancia aduanera acusaron que diversas áreas de la administración pública y de la propia estructura institucional obstruyeron deliberadamente su acceso a las pruebas clave, bitácoras de entrada y pedimentos necesarios para robustecer el caso de la FGR.

Estas fricciones entre las dependencias federales evidencian que el entramado del contrabando cuenta con redes de protección capaces de frenar la actuación militar en los puntos de revisión fronterizos.

La ruta del huachicol VIP y las consecuencias

El 'modus operandi' bajo investigación consistía en ingresar gasolinas y diésel bajo fracciones arancelarias falsas —haciéndolos pasar por aceites o lubricantes— para evitar el pago de aranceles y la regulación de la Secretaría de Energía. El combustible ilegal era distribuido posteriormente en estaciones de servicio formales, diluyendo el producto ilícito en el mercado regular.

Tras la integración del expediente, la FGR busca fincar responsabilidades penales contra exfuncionarios aduaneros y empresarios del sector energético involucrados en esta red, mientras que el gobierno federal enfrenta la presión de depurar las corporaciones que frenaron las indagatorias de la Marina.