Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves que el gobierno federal o la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones asuman la facultad de imponer multas a los medios de comunicación cuando se identifique una violación a los derechos de las audiencias, al considerar que dicha atribución constituiría una forma de censura.
La mandataria reiteró durante su conferencia matutina que su administración defiende la libertad de expresión y explicó que el mecanismo que impulsa el gobierno consiste, en cambio, en obligar a los propios medios a designar internamente a un defensor de las audiencias, encargado de atender las quejas ciudadanas, así como a publicar un código de ética que norme su actuación editorial. Sheinbaum calificó este esquema como un avance importante frente a la ausencia actual de mecanismos formales de rendición de cuentas hacia el público.
La propuesta se inscribe en la discusión más amplia sobre la regulación de medios y telecomunicaciones que el gobierno federal ha mantenido abierta en los últimos meses, en particular en lo relativo a las facultades de la CRT, organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Especialistas consultados por distintos medios han señalado que la definición final del mecanismo de defensoría de audiencias dependerá de la reglamentación secundaria que aún debe emitirse, así como de los criterios que adopten las cámaras de la industria.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Gobernación ni la CRT han presentado un calendario público para la implementación del esquema anunciado por la presidenta, ni han precisado las sanciones aplicables a los medios que incumplan con el nombramiento del defensor de audiencias o con la publicación del código de ética correspondiente.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han pedido en meses recientes que cualquier mecanismo de este tipo se construya con garantías claras de independencia respecto al poder público, para evitar que la figura del defensor de audiencias se convierta, en los hechos, en un instrumento de presión política sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación.