Representantes del sector privado en México emitieron un pronunciamiento conjunto en el que señalaron a la delincuencia organizada, la extorsión y el delito de despojo como las principales trabas estructurales que frenan la confianza para concretar nuevas inversiones a nivel local y regional. Los organismos empresariales advirtieron que la prevalencia de estos ilícitos genera un entorno de alta incertidumbre económica, limitando el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas en diversos puntos del país.
De acuerdo con las cúpulas del sector productivo, el aumento en la incidencia del despojo de propiedades, terrenos e infraestructura industrial, sumado a la cobro de piso y el robo a transporte de carga, ha encarecido significativamente los costos operativos y de seguridad privada. Esta situación impacta de manera directa en los planes de expansión patrimonial, la generación de empleos formales y la atracción de capitales, anulando en varias regiones las ventajas competitivas que ofrece el fenómeno de relocalización de empresas (nearshoring).
Ante este panorama, la iniciativa privada hizo un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer los mecanismos de procuración de justicia, erradicar la impunidad y garantizar el Estado de derecho. Detallaron que resulta indispensable consolidar una estrategia de seguridad coordinada que brinde certidumbre jurídica sobre la propiedad y proteja la integridad de las cadenas de suministro.
El sector empresarial reiteró su disposición para colaborar en mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno, enfatizando que la recuperación del entorno de seguridad es la condición prioritaria e indispensable para reactivar el flujo de inversión productiva y detonar el desarrollo económico en las comunidades afectadas.