CDMX.- A través de un comunicado durante la mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise los recursos que manejan los sindicatos y los gobiernos estatales y municipales, como parte de las medidas para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia.
La propuesta está incluida en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027, donde se señala que la revisión busca comprobar que los ingresos de estas organizaciones y autoridades sean acordes con sus funciones y que cumplan con las obligaciones fiscales que les corresponden.
Buscan revisar sus obligaciones fiscales
El Gobierno federal explicó que actualmente los sindicatos tienen ciertas facilidades fiscales, entre ellas no llevar sistemas contables ni expedir o recopilar comprobantes fiscales.
En el caso de los gobiernos estatales y municipales, sus principales obligaciones en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) son retener y entregar este impuesto, además de emitir comprobantes por contribuciones, apoyos y pagos realizados a terceros.
Sheinbaum señaló que estas disposiciones han generado la idea de que sindicatos y gobiernos locales no tienen obligaciones fiscales y, por ello, no están sujetos a la vigilancia de las autoridades, sin embargo, aclaró que sí deben cumplir con determinadas obligaciones.
SAT establecería un programa de verificación

Ante esta situación, la iniciativa propone que el SAT implemente un programa especial de verificación y comprobación para los sindicatos y gobiernos estatales y municipales.
La medida estaría contemplada en el artículo 30 transitorio de la propuesta y los criterios para llevar a cabo las revisiones serían establecidos mediante reglas de carácter general.
La Presidenta indicó que esta propuesta forma parte de las acciones para combatir la corrupción y la impunidad, al buscar que todos los contribuyentes estén sujetos a la revisión de la autoridad fiscal bajo las mismas reglas.
Con ello, el Gobierno federal pretende reducir privilegios y evitar que algunos grupos queden fuera de los mecanismos de vigilancia fiscal.
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