CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para resolver de fondo el litigio entre comunidades indígenas y Grupo Xcaret relativo a la explotación comercial de símbolos de la cultura maya. El Pleno evaluará el amparo en revisión 245/2026 para determinar si el acuerdo firmado por la empresa con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo basta para autorizar la comercialización publicitaria del conglomerado turístico, o si la normativa exige efectuar una consulta previa con la totalidad de los pueblos involucrados.
Establecerá el máximo tribunal un precedente sobre la representación del patrimonio cultural indígena
A propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama y del ministro Irving Espinosa Betanzos, la Corte atrajo el asunto con el objetivo de definir la titularidad y validez del aprovechamiento del patrimonio intangible. La resolución permitirá al máximo tribunal fijar un criterio normativo para delimitar qué instancias o autoridades cuentan con la legitimación jurídica para autorizar la explotación económica del patrimonio de comunidades originarias que cuentan con diversos sistemas de representación.

Mantiene Indautor procedimientos por presunto uso indebido de elementos de la cosmogonía maya
El conflicto legal se remonta a junio de 2022, cuando integrantes del pueblo maya denunciaron al corporativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por violaciones a los derechos de propiedad intelectual colectiva. Hacia finales de ese año, la autoridad administrativa emitió medidas precautorias para ordenar el retiro de campañas publicitarias y frenar la venta de productos basados en la cosmogonía indígena, ordenamiento que fue ratificado posteriormente por el propio instituto en 2024.
Desestiman alcance pleno de convenio privado tras revocación de suspensión a la empresa turística
Durante el proceso, Grupo Xcaret suscribió un "contrato de transición" con el Gran Consejo Maya para intentar dar salida legal al conflicto, lo que provocó el desistimiento de una parte de los promoventes, aunque otros mantuvieron la impugnación. Pese a que la empresa obtuvo una suspensión definitiva a principios de 2025, el Pleno de la SCJN revocó dicha medida en marzo pasado con siete votos a favor, abriendo el camino para la revisión de fondo que se analiza actualmente.
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