MEX.- A través del informe elaborado por la plataforma Third Country Deportation Watch —mecanismo impulsado por Human Rights First y Refugees International—, se dio a conocer que entre enero y el 15 de agosto de 2026, México ha recibido a 20 mil migrantes de diversas nacionalidades procedentes de Estados Unidos. Las personas fueron devueltas bajo esquemas de expulsión, deportación o a la espera de resoluciones judiciales, sin que exista formalmente un tratado de "tercer país seguro".

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM) y respuestas obtenidas vía la Plataforma Nacional de Transparencia, el país registró un promedio de 700 recepciones mensuales de ciudadanos no mexicanos entre febrero y mayo. Las principales nacionalidades afectadas corresponden a personas originarias de Cuba, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití. El documento enfatiza la falta de datos públicos y la opacidad regulatoria en los acuerdos bilaterales suscritos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno estadounidense.

Aprobación judicial en EE. UU. y perfiles vulnerables


El reporte destaca que la Corte Suprema de Estados Unidos avaló de manera reciente la facultad del Ejecutivo estadounidense para reanudar y ejecutar la expulsión de migrantes hacia terceros países sin otorgar la oportunidad de acreditar riesgos a su integridad.

Entre la población no mexicana transferida a territorio nacional se encuentran personas con protecciones humanitarias previamente otorgadas por autoridades estadounidenses, así como adultos mayores e individuos con padecimientos de salud crónicos o trastornos mentales graves. Los traslados, señala la investigación, se efectúan bajo esquemas de intercambio bilateral que involucran incentivos como facilidades visarias o ajustes en materia arancelaria.

Riesgos de seguridad, abusos y violaciones a derechos


A través de los testimonios y casos documentados por la plataforma, se denunció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incurren en prácticas como el uso de esposas, amenazas de procesamiento federal, agresiones físicas e incitaciones a cruzar la frontera de manera forzada para entregar a los detenidos a autoridades mexicanas.

El Economista

Una vez en territorio mexicano, los migrantes extranjeros enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada y a eventuales abusos de autoridad, quedando expuestos a delitos como secuestro, robo, explotación y agresiones físicas en zonas fronterizas con elevados índices de violencia.




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