Marina del Pilar se deslinda de su exesposo tras sanciones de EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

MEX.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó públicamente de su exesposo Carlos Torres Torres, luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo incluyera en una lista de personas y empresas sancionadas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado precisó que la mandataria y Torres Torres están legalmente divorciados desde noviembre de 2025 y señaló que actualmente el único vínculo entre ambos es el bienestar del hijo que tienen en común.

El Gobierno de Baja California aclaró que Marina del Pilar Ávila Olmeda no figura entre las personas o entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, las autoridades estatales señalaron que la gobernadora no posee cuentas bancarias, propiedades ni activos financieros en Estados Unidos, por lo que, de acuerdo con el comunicado, no está involucrada en las investigaciones emprendidas por el Gobierno estadounidense.

Respecto a la situación de Carlos Torres Torres, quien se desempeñó como coordinador de Proyectos Estratégicos durante la actual administración estatal, el Ejecutivo de Baja California señaló que no intervendrá en los procesos legales relacionados con las personas incluidas en la lista.

La postura del gobierno estatal establece que cada una de las personas señaladas deberá responder individualmente por sus actos ante las autoridades correspondientes.

Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contemplan sanciones contra 21 personas y 25 entidades corporativas, identificadas como mandos, operadores, lavadores de dinero y facilitadores del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias 'Mayito Flaco'.

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular a grupos criminales considerados una amenaza para la seguridad de la región.

El informe de la OFAC señala que, desde principios de 2025, el Gobierno estadounidense ha realizado más de 30 acciones regulatorias dirigidas contra más de 400 individuos y empresas vinculadas con cárteles; además de los bloqueos financieros, el Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que permita la detención de jefes de plaza considerados estratégicos en la frontera norte.

Entre los objetivos mencionados se encuentran los hermanos Arzate García, en Tijuana, y Juan José Ponce Félix, alias 'el Ruso', en Mexicali.