Ingresa la Fiscalía de Jalisco a siete detenidos por la marcha del agua al penal de Puente Grande

JAL.- La Fiscalía del Estado de Jalisco ingresó al complejo penitenciario de Puente Grande a siete de las 39 personas que fueron aprehendidas durante la manifestación del pasado domingo en Guadalajara, donde la ciudadanía exigió el restablecimiento del suministro de agua limpia en la Zona Metropolitana. Entre los traslados procesales destaca el de Samuel Morales Navarro, un repartidor de plataforma de 24 años cuyo arresto ha generado diversos cuestionamientos en la opinión pública, luego de que grabaciones difundidas en plataformas digitales expusieran la presunta detención arbitraria del joven mientras laboraba para financiar el tratamiento oncológico de su madre.

Respecto a la situación jurídica de los señalados, la representación social precisó que a seis de los siete hombres internados en el reclusorio se les busca formular imputación por el delito de lesiones dolosas agravadas, al atribuírseles presuntas agresiones físicas en contra de elementos de seguridad pública que resguardaban la zona.

Asimismo, el organismo procurador de justicia detalló que al séptimo implicado se le pretende procesar por el delito de desobediencia o resistencia de particulares, a la espera de que el órgano judicial determine su vinculación a proceso dentro de los plazos legales.

Pese a que 32 de los 39 ciudadanos aprehendidos obtuvieron su libertad durante la jornada del lunes, la Fiscalía de Jalisco aclaró que la totalidad de los involucrados continúa bajo un procedimiento de investigación abierto por la probable comisión de delitos contra representantes de la autoridad, lesiones y ataques a las vías de comunicación. 

Tras abandonar las dependencias oficiales, varias de las personas liberadas mostraron estigmas de golpes en el cuerpo y denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública durante el operativo de contención desplegado en la marcha.

Derivado del traslado de los procesados hacia el centro penitenciario, familiares de los imputados y colectivos defensores de los derechos humanos comparecieron en las inmediaciones de Puente Grande para dar seguimiento al desarrollo de las audiencias iniciales y vigilar el debido proceso. 

Las pesquisas institucionales continúan su curso en un expediente que tuvo su origen en los reclamos ciudadanos por el derecho al agua potable y que escaló hasta la aprehensión y procesamiento penal de decenas de manifestantes en la entidad.