CDMX.- En la Cámara de Diputados comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de impulsar una nueva reforma constitucional destinada a corregir la contradicción técnica entre los artículos 94 y 97 de la Carta Magna, inconsistencia surgida tras la reforma al Poder Judicial de 2024. El punto central del conflicto radica en las reglas para la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues mientras el artículo 94 mandata un relevo rotatorio cada dos años asignado a las candidaturas más votadas en las elecciones judiciales, el artículo 97 conserva el esquema de elección interna mediante votación directa del Pleno.
Genera tensiones la eventual llegada de Lenia Batres a la presidencia del tribunal supremo
Bajo la interpretación estricta del artículo 94, la presidencia de la SCJN tendría que recaer en la ministra Lenia Batres una vez concluido el periodo de Hugo Aguilar, quien obtuvo la mayor votación en los comicios judiciales de 2025. Sin embargo, la posibilidad de que Batres encabece el máximo tribunal ha generado cautela entre sectores empresariales e inquietud en la relación bilateral con Estados Unidos, contexto ante el cual la presidenta Claudia Sheinbaum evitó respaldar a una figura en específico, señalando que la definición corresponde a la propia Corte.

Confirma Ricardo Monreal análisis legal encabezado por Ramírez Cuéllar para ajustar el marco judicial
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó la existencia de esta antinomia constitucional y detalló que un grupo de legisladores, coordinado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, revisa las alternativas para adecuar el texto constitucional antes de 2027. Monreal enfatizó la disposición del grupo parlamentario de Morena para realizar los ajustes normativos que requiera la operatividad de la SCJN, señalando además que ven poco factible que el Pleno de Ministros alcance un acuerdo institucional por sí solo.

Requerirá ajuste constitucional mayoría calificada y aprobación en congresos estatales
Para concretarse, la modificación propuesta requerirá de la aprobación por mayoría calificada de dos terceras partes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como el aval de la mayoría de las legislaturas locales. Aunque la bancada de Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios en la Cámara Baja para impulsar el trámite legislativo, dentro de la misma coalición oficialista existen posturas encontradas sobre la conveniencia de reabrir el debate en torno al diseño institucional del Poder Judicial.
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