Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Paquete Económico 2027, cuyo propósito es reducir de forma gradual el uso de efectivo en el país.
Tras un debate de más de cuatro horas, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen con 327 votos a favor y 122 en contra. Ninguna de las más de 90 reservas presentadas en lo particular prosperó, por lo que la minuta fue turnada al Senado de la República. Si la Cámara alta la aprueba sin cambios, pasará al Ejecutivo para su publicación; de lo contrario, regresará a San Lázaro.
La ley contempla la creación de la CURP Digital y del Expediente Digital Ciudadano, que serán válidos para contratar servicios financieros de manera totalmente digital. También prevé la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, además de facultar al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda para regular los cobros mediante códigos QR en terminales punto de venta.
Una vez que entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos al nuevo esquema, que comenzaría por el cobro de peajes y la venta de gasolinas. Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, 95 % de las estaciones de servicio cuenta con terminales punto de venta y 98.5 % se ubica en zonas con cobertura de conectividad.
El efectivo, sin embargo, no desaparecerá. La ley garantiza el uso de dinero en efectivo o cheque ante contingencias técnicas que impidan recibir un pago electrónico, y deja a las autoridades de cada sector la definición de plazos y requisitos para una transición escalonada.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió la reforma como una herramienta de desarrollo económico que reducirá los costos de transacción. Incluye, además, medidas antilavado que amplían la fiscalización del SAT.
La oposición cuestionó que el costo de la digitalización recaiga en consumidores y pequeños comercios, que la Secretaría de Hacienda concentre la facultad de definir los sectores estratégicos y que persistan brechas de conectividad en diversas regiones. El diputado priista Jericó Abramo Masso puso en duda que existan las condiciones para que todos los comercios y ciudadanos se incorporen a la economía digital.