MEX.-En el marco de una investigación binacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una estructura económica ligada al Cártel del Noreste. En coordinación con autoridades mexicanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la sanción de 15 sujetos —cuatro personas físicas y 11 empresas— involucrados en sectores tan diversos como las carreras de caballos de cuarto de milla, la construcción, el transporte carretero, los servicios financieros y la industria petrolera y gasera, evidenciando el nivel de diversificación comercial del grupo delictivo.

Esquema operativo e inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas


De acuerdo con la SHCP, el análisis financiero, fiscal y corporativo reveló movimientos Relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama. La UIF detectó operaciones atípicas e inconsistencias entre el volumen transaccional reportado y la capacidad real de empresas con escasa o nula actividad operativa, lo que sugiere el uso de fachadas corporativas para blanquear capitales. Tras la inclusión de los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva administrativa, Hacienda precisó que esta resolución no determina una responsabilidad penal definitiva y que los afectados contarán con el derecho de audiencia correspondiente conforme al marco legal.

Deslinde del Gobierno de Tamaulipas y medidas preventivas


Tras la difusión del informe federal del pasado martes 13 de octubre de 2026, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, emitió un posicionamiento oficial en el que confirmó que ninguno de los cuatro individuos ni de las 11 entidades sancionadas figura en los padrones de proveedores o contratistas de la entidad. La administración estatal subrayó que tampoco han celebrado contratos de obra o servicios desde el inicio de la gestión en octubre de 2022. Como disposición de salvaguarda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó a todas las dependencias estatales bloquear de manera preventiva cualquier eventual trámite, registro o adjudicación a favor de las personas o empresas bajo investigación.



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