EE.UU.- La ciudad de San Antonio, Texas, interpuso una demanda ante un tribunal federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para bloquear la reconversión de una bodega industrial en un centro de detención masivo con capacidad para mil 500 personas. El recurso legal acusa a las autoridades federales de violar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo al omitir la evaluación obligatoria del impacto social y ambiental que generará el proyecto en la zona este de la localidad.
Alertan sobre riesgos sanitarios, saturación de alcantarillado y peligro de inundación en el inmueble
El equipo legal de la alcaldía detalló que la bodega, de aproximadamente 59 mil 458 metros cuadrados, fue diseñada exclusivamente para el almacenamiento de mercancías y no para el alojamiento humano. La demanda advierte que albergar a mil 500 detenidos exigiría multiplicar por quince la capacidad del sistema de alcantarillado actual, advirtiendo sobre el riesgo inminente de desbordamiento de aguas residuales y condiciones insalubres. Asimismo, las autoridades municipales señalaron que la ubicación del predio, contigua a una zona de inundaciones y cercana a escuelas y parques, complicaría la logística en caso de emergencias.
Responde el DHS con críticas políticas y acusa a la alcaldía de obstaculizar la seguridad nacional
En respuesta al recurso judicial, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional desestimó los argumentos ambientales presentados por el gobierno municipal y acusó a las autoridades locales de responder a intereses partidistas. La dependencia federal sostuvo que la acción legal busca impedir los planes de seguridad fronteriza de la administración del presidente Donald Trump, acusando a los opositores de ignorar los impactos generados durante la gestión anterior y de pretender la permanencia indefinida de la población migrante en territorio estadounidense.
Acusa la alcaldesa Gina Ortiz Jones falta de transparencia federal tras meses de gestiones sin respuesta
Por su parte, la alcaldesa Gina Ortiz Jones y el abogado municipal Andy Segovia argumentaron que la demanda se presentó tras agotar los canales institucionales, habiendo enviado cinco solicitudes formales de información desde febrero sin obtener avances respecto a los informes técnicos prometidos en junio. Ante la falta de coordinación y el eventual inicio de las obras, la representación jurídica de la ciudad adelantó que solicitará una audiencia de emergencia ante las instancias judiciales para detener de manera cautelar cualquier trabajo de acondicionamiento en el predio.
Suma San Antonio resistencia legal ante el plan federal de compra de bodegas industriales para el ICE
La controversia en Texas se enmarca en la estrategia de la administración federal para adquirir más de 20 inmuebles industriales a nivel nacional y habilitarlos como centros de reclusión migratoria. No obstante, la oposición de gobiernos locales y la presentación de amparos judiciales han obligado al DHS a cancelar o replantear proyectos similares en entidades como Georgia, Utah y Michigan, consolidando un frente de litigios municipales en contra de la expansión de la infraestructura de detención del gobierno federal.
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