NY, EU.- El exoperador petrolero mexicano Javier Aguilar fue condenado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de liderar esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero. De acuerdo con las investigaciones, el imputado entregó más de un millón de dólares en dádivas ilegales a funcionarios de la estatal Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI) para favorecer a la multinacional Vitol Inc.
Sanciones económicas y decomiso de activos
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia judicial impone a Aguilar el pago de 7.13 millones de dólares bajo el concepto de decomiso de bienes, así como una multa adicional de 100 mil dólares. Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatizaron que el fallo envía un mensaje contundente contra los actos de corrupción transnacional que vulneran los mercados energéticos globales.
Estructura del esquema delictivo en Petroecuador
Las indagatorias comprobaron que, entre 2015 y 2020, Aguilar aprovechó su posición en la firma energética para pactar sobornos con altos mandos de Petroecuador con el objetivo de asegurar un contrato de fueloil valuado en 300 millones de dólares. Para evadir las regulaciones de la petrolera ecuatoriana, los implicados recurrieron a una entidad estatal de Oriente Medio como intermediaria en la adjudicación del convenio.
Red de corrupción y empresas pantalla en Pemex
El modus operandi se replicó en territorio mexicano para beneficiar a la misma compañía en contratos de suministro de etano a Petróleos Mexicanos. En este caso, el excomerciante canalizó aproximadamente 600 mil dólares en pagos ilícitos dirigidos a dos funcionarios de PPI, la filial internacional de Pemex, asegurando acuerdos comerciales por cientos de millones de dólares.
Mecanismos de ocultamiento y correo encubierto
Para ocultar el flujo de capitales y el origen de los recursos, la red criminal implementó una compleja estructura basada en empresas pantalla radicadas en jurisdicciones offshore como Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Asimismo, la fiscalía estadounidense presentó evidencias sobre la emisión de facturas falsas, contratos ficticios y el uso de cuentas de correo electrónico bajo seudónimos para coordinar las operaciones ilícitas.
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