CDMX.- Con una votación de 334 sufragios a favor de la bancada mayoritaria y 119 en contra de la oposición, la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general al proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reestructurar la Ley Nacional Aduanera.
La iniciativa aprobada impone sanciones financieras drásticas contra el fraude impositivo en el sector energético, fijando penalizaciones de entre el 50 y el 100% del valor comercial de las mercancías a las empresas importadoras que ingresen documentación apócrifa, inconclusa o errónea en sus operaciones transfronterizas.
Facilitan el embargo precautorio de mercancías subvaluadas para proteger la hacienda pública
El dictamen modifica los umbrales para que la autoridad aduanera ejecute el embargo de insumos importados, reduciendo del 50 al 20% la brecha permitida entre el precio declarado al ingresar al país y el costo promedio del mercado nacional. De acuerdo con la Comisión de Hacienda, esta medida busca frenar esquemas de subvaluación que afectan los ingresos del Estado y generan competencia desleal frente a los productores que cumplen con la normatividad tributaria.

Cuestiona el PAN las sanciones económicas y exige penas de cárcel para las redes delictivas
Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición señalaron que el cobro de multas resulta insuficiente para erradicar el huachicol fiscal en la frontera. El diputado panista Héctor Saúl Téllez argumentó que las organizaciones criminales poseen los recursos para saldar las penalizaciones económicas, por lo que instó a modificar el marco penal para castigar con prisión a toda la cadena de distribución ilícita de combustibles en lugar de limitarse a mecanismos recaudatorios.
Fijan entrada en vigor de la ley para 2027 como palanca para el desarrollo industrial
Con la adición de un artículo transitorio, las modificaciones a la Ley Nacional Aduanera entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, con la meta de transformar las aduanas en un motor de política industrial. La bancada mayoritaria enfatizó que el nuevo esquema normativo busca garantizar piso parejo para los agentes comerciales honestos y cero tolerancia ante las irregularidades administrativas en las aduanas del país.
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