CDMX.- Con el respaldo del grupo parlamentario de Morena y aliados, y el voto en contra de la oposición, el Senado de la República aprobó en lo general —con 89 votos a favor y 32 en contra— la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La reforma busca modernizar, homologar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad a nivel nacional. 

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Margarita Valdez, argumentó ante el pleno que la legislación tiene como propósito brindar certeza y seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de las familias, garantizando información actualizada y transparente sobre la titularidad y estado registral de predios y terrenos.

Margarita Valdez 2026/ Facebook.

Cooperación técnica y beneficios para la ciudadanía

El nuevo marco regulatorio establece mecanismos de coordinación técnica con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y promueve la digitalización de trámites inmobiliarios para agilizar gestiones ciudadanas. Durante la presentación del dictamen, la bancada mayoritaria enfatizó que la homologación catastral permitirá contar con expedientes digitales unificados y expeditos. 

Asimismo, los defensores de la norma sostuvieron que la ley no vulnera la autonomía de los ayuntamientos ni centraliza la recaudación tributaria, por lo que la administración y cobro del impuesto predial se mantendrán de manera íntegra bajo la jurisdicción municipal.

Controversia política y postura de la oposición

Pese a los argumentos del bloque oficialista, legisladores del Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al dictamen en lo particular, sosteniendo que la medida representa un quebrantamiento del pacto federalista. 

Las bancadas opositoras advirtieron sobre la posibilidad de un «predialazo», acusando que el Gobierno Federal incidiría en la determinación de los valores catastrales y limitaría el margen de maniobra de las haciendas locales. En respuesta, senadores del oficialismo desestimaron las acusaciones e impulsaron la continuidad de la discusión artículo por artículo en la sede legislativa.




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