San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este martes una reforma a la Ley de Tránsito del Estado que permitirá a las personas sancionadas con una multa de tránsito solicitar la sustitución de la sanción económica por trabajo en favor de la comunidad. La medida fue avalada por unanimidad con 22 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

La modificación legal no impone el trabajo comunitario de forma directa ni obligatoria, sino que establece un mecanismo opcional que únicamente podrá activarse a petición expresa de la persona infractora ante la autoridad correspondiente.

Tareas asignables y límite de 36 horas


El marco normativo fija las condiciones bajo las cuales se ejecutará la permutación de la sanción:

  • Modalidades de servicio: Las labores comunitarias abarcan actividades de limpieza, mantenimiento, pintura y restauración de bienes e instalaciones públicas.

  • Aprovechamiento de capacidades: La norma contempla que el servicio pueda adaptarse a los conocimientos y experiencia técnica o profesional del ciudadano, permitiendo acciones como la impartición de pláticas sobre cultura cívica, previo consentimiento del sancionado.

  • Topes y condiciones: El trabajo comunitario tendrá un límite máximo de 36 horas y se desarrollará bajo criterios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación.

  • Consecuencias por incumplimiento: Si el ciudadano incumple de manera total o parcial con las jornadas acordadas, el beneficio quedará revocado y la multa económica volverá a quedar firme para su cobro.

Origen de la iniciativa y adecuaciones municipales


La propuesta original fue impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza con el planteamiento de incorporar el trabajo comunitario como un castigo adicional a las multas y a la suspensión o cancelación de licencias. Sin embargo, en el análisis realizado por la Comisión de Seguridad Pública, el dictamen fue modificado para configurarlo estrictamente como un derecho opcional para el ciudadano.

Con este cambio, San Luis Potosí se suma a esquemas cívicos y de justicia alternativa aplicados en entidades como la Ciudad de México, Querétaro y Jalisco. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, momento a partir del cual los ayuntamientos de la entidad contarán con un plazo de 60 días hábiles para adecuar sus respectivos reglamentos de tránsito.


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