Amplía el Gobierno Federal el periodo de revisión de la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la extensión del periodo de consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, atendiendo la petición de representantes comunitarios que solicitaron mayor tiempo para analizar el proyecto. La determinación ocurrió en el marco del Día de la Resistencia Indígena, luego de que Yaneth Cruz Gómez, representante tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, entregara una propuesta formal y solicitara prolongar los plazos de revisión que originalmente concluían este 12 de octubre.

A pesar de que el envío al Congreso de la Unión estaba programado para esta fecha, la mandataria decidió frenar el trámite legislativo hasta alcanzar un consenso definitivo con las comunidades. Sheinbaum fundamentó la decisión en el artículo segundo constitucional al señalar que las leyes secundarias en la materia deben emanar directamente de los pueblos originarios, destacando que el reconocimiento constitucional como sujetos de derecho les permite recibir y administrar directamente recursos públicos para obras de infraestructura.

El proceso de consulta nacional inició el pasado 29 de junio con el propósito de enriquecer el texto de la iniciativa antes de su entrega al Poder Legislativo. De acuerdo con información de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, este ejercicio democrático contempla recabar las opiniones de delegados de 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas formalmente en el Catálogo Nacional.

La organización y seguimiento de la consulta está encabezada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la participación de 21 dependencias del Gobierno Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumó a las jornadas institucionales en calidad de observadora para atestiguar el desarrollo de las asambleas y dar certeza jurídica al proceso.

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